POR: ANA LUISA GARCÍA G.
< En pausa la operación “Es Claudia”
< Reprobado el Fiscal, sólo 3 detenidos
< ¿ Y los 8 mil millones de pesos apá ?
1.- Ahí tiene usted que los morenistas pusieron en pausa la actividad política en Tamaulipas, porque están “echando todo el fuego al asador” en el proceso electoral que vive Coahuila, y donde se ve muy difícil que pueda ganar la gubernatura su candidato Armando Guadiana Tijerina. De tal manera que en el vecino estado se encuentran el senador José Ramón Gómez Leal, Manuel Muñoz Cano del PVEM, los “jovenazos” de Avanzada Tamaulipeca y muchos más que venían trabajando para posicionar a Claudia Sheinbaum.
Todos ellos, y lo que constituye la fuerza operadora de Morena en nuestra entidad, y que hacían labor a favor de la Jefa de Gobierno de la CdMx, estarán operando hasta que concluya la campaña en Coahuila, o mejor dicho hasta que se celebren los comicios el 4 de junio de 2023.
La vecina entidad y el Estado de México celebran elecciones en este año y es muy importante para el proyecto de Morena de 2024, tener bajo su bandera a esas dos entidades particularmente la primera que cuenta con un arsenal de votos. Tal como se visualizan las cosas, EdoMex será para la corriente guinda, mientras que el segundo de estos estados la alianza PAN-PRI-PRD con Manolo Jiménez como abanderado, parece invencible. Esta entidad sería el último reducto del Revolucionario Institucional.
La cuestión es que en este vacío momentáneo que dejan los operadores de Claudia, puede ser oportunidad para obtener mayores resultados de la estructura de Marcelo Ebrard en Tamaulipas, donde tiene en cada distrito local y federal representantes, también en lo municipal, en una doble estructura.
Y es que la estructura de Marcelo es más ciudadana y menos involucrada en el tema de la operación política.
En fin, la cuestión es que por el momento “Es Claudia” está en pausa mientras se define el rumbo político de Coahuila.
2.- Ahí tiene usted, que de entrada el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, logró salir del paso frente a la comparecencia que sostuvo con los diputados del Congreso del Estado. Afirmó que tiene en cartera 47 denuncias en las que están relacionados 120 ex funcionarios de la pasada administración estatal, incluyendo al ex gobernador y ex secretarios importantes 2016-2022.
Sin embargo llama la atención, que ni siquiera lejanamente se refirió al monto de los faltantes, pese a que hay declaraciones tanto del gobernador Américo Villarreal y de algunos integrantes de su gabinete, es el caso de las encargadas de las finanzas y de la Contraloría por citar un par de ejemplos.
Los señalamientos precisos formulados por la Secretaria de Finanzas, Lic. Adriana Lozano Rodríguez, no fueron referidos o cuestionados por los legisladores.
El caso más reciente, de varios que ha dado a conocer la tesorera del Gobierno de Tamaulipas, es la omisión del pago de impuestos al SAT, que representa una deuda al IPSSET (Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas) de 54 millones de pesos, que no pagaron en la administración anterior, pero que si lo descontaron a los trabajadores del Estado. Esta suma, que no es poca cosa, sin embargo es bastante menor entre varias detectadas en esa área.
Humberto Prieto Herrera diputado-presidente de la Comisión Anticorrupción, muy en su papel cuestionó a Ramírez Castañeda sobre las 400 carpetas iniciadas, y de las que únicamente fueron judicializadas 29 casos. Los peores números, si se toma en cuenta que dieron por resultado entre 5 y 7 órdenes de aprehensión, pero sólo se cumplieron 3.
Estos números aportados, quieren decir que ni el 8 % de las 400 carpetas han sido procesadas judicialmente; y si de éstas, sólo 3 de esos 400 casos merecieron ser aprehendidos, ese 3 representa el 0.75 %, es decir no alcanzó ni siquiera el 1%. De ese tamaño es la pobreza de los resultados del susodicho. Que está por pasar, de parte fiscalizadora a ser fiscalizado.
3.- Ningún diputado se atrevió a preguntar al fiscal, sobre los 560 expedientes de responsabilidades administrativas que representa un presunto daño al erario público por 8 mil millones de pesos, estos y otros faltantes detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la información contable de los años de 2020 a 2022.
La cuestión es que los diputados locales “no hicieron la tarea”, no se prepararon, no buscaron información para presentar argumentos de peso, como son los vacíos que refiere la ASF en los que no están solventados debidamente 17 mil 912 millones de pesos. De los legisladores panistas, se entiende esta pasividad ¿pero de los morenistas?
Lo más que se pudo apreciar es que, Humberto Prieto Herrera, diputado-presidente de la Comisión Anticorrupción e integrante de la bancada panista, muy en su papel cuestionó a Ramírez Castañeda sobre las 400 carpetas iniciadas, y de las que únicamente fueron judicializadas 29. Los peores números, si se toma en cuenta que únicamente generó entre 5 y 7 órdenes de aprehensión, y sólo se cumplieron 3 como anotamos líneas arriba.
Prieto Herrera radicado en Reynosa es del mismo corral (político) que Ramírez Castañeda, provienen de un tronco común, y deben tener un compromiso con quien los “dedeó” para ser lo que son en este momento.
En esa tesitura y siendo Presidente de la Comisión legislativa anticorrupción, a Prieto no le quedó otra que sentar en el banquillo de los acusados a Ramírez Castañeda, así que le hizo ver su lentitud en los procesos bajo su responsabilidad.
Por su parte el Fiscal Anticorrupción rechazó que exista ‘parálisis’ en la investigación y aprovechó para quejarse de que los 32 millones de pesos que tiene de presupuesto no son suficientes.
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